Reacciones por indicaciones a ley corta de isapres: senador Gahona (UDI) acusa que “es insuficiente y arriesga la sostenibilidad del sistema"

“El Ejecutivo lesionó la confianza que habíamos depositado en ellos. Esperábamos que las indicaciones que presentaran a ley corta de isapres fueran en línea a lo sugerido por la Comisión Técnica transversal que se impulsó desde el Senado”. De esta manera, el senador Sergio Gahona (UDI) que integra la Comisión de Salud de la Cámara Alta, reaccionó  a la entrega de las indicaciones a la ley corta de isapres por parte del Ejecutivo hoy, y que en lo sustancial no incorporó propuestas del informe técnico que eran claves para su modelo de viabilidad financiera para la industria.  

“Lamentablemente, el Gobierno decidió acoger la propuesta de forma reducida, arriesgando la sostenibilidad del sistema y la certeza de más de tres millones de afiliados”, manifestó el parlamentario opositor, quien calificó el contenido de las enmiendas como  “insuficiente y  que no cumple con los objetivos encomendados”,  por lo cual aseveró que “volvemos al punto de partida en que se arriesga la subsistencia de un sistema mixto en salud”.

Entre sus aspectos centrales, el diseño del Ejecutivo deja sin efecto la aplicación de una fórmula de mutualización de riesgos, que era la base del informe del comité técnico que convocó el Senado, y que posibilitó a esta instancia plantear un monto de devoluciones a los afiliados en torno a los US$ 451 millones por concepto de cobros en exceso a partir de las tablas de factores. Por el contrario, finalmente el monto aproximado de la deuda de las isapres es de US$ 1.000 millones -señaló hoy la Ministra de Salud, Ximena Aguilera, en una entrevista a La Segunda- cifra que es más cercana a los US$ 1.400 millones que calculó inicialmente la Superintendencia de Salud.

“Mejora la cifra de la deuda”

En la vereda, el senador DC, Iván Flores valoró en lo central el contenido de las indicaciones del Gobierno como un avance en beneficio de los afiliados afectados por cobros en exceso por la aplicación de las tablas de factores en sus planes de salud, pero criticó el plazo de diez años máximo otorgado a las aseguradoras para concretar las devoluciones.

“Las isapres ya no pueden seguir eludiendo su deuda con miles de personas. Y si bien se desecha la cifra propuesta por los expertos y se mejora la cifra de la deuda, acercándose a lo propuesto por la Superintendencia de Salud, diez años para pagar sigue siendo excesivo -muy superior a lo que originalmente el Ministerio de Salud dijo, que eran tres años- especialmente para quienes llevan mucho tiempo esperando”, sostuvo el parlamentario.

Consultado por el monto de la deuda, el senador Flores valoró que las indicaciones del Gobierno "se acerquen más a lo planteado inicialmente por la Superintendencia de Salud, US$ 1.400 millones, quedando ahora en casi mil millones de dólares y muy lejos de los US$ 451 millones cifrados por la comisión técnica hace algunas semanas. “Nadie entendía tremenda diferencia; era un traje a la medida para la industria de la salud, sin duda. Por eso, hoy al menos esta nueva cifra refleja un ajuste, algo salomónico eso sí, pero se acercan los montos", acotó.

Finalmente, el senador Flores precisó que "a última hora, el último día y en el último minuto, el Gobierno presentó la indicación para tener finalmente una ley corta que avance y eso es lo que se necesita, que le devuelvan la plata que le cobraron mal a la gente y que se termine esta incertidumbre de que si las isapres caen o se levantan o se mantienen. Pero sin abusos."

Monto de devolución conocido y fórmula de pago

En un primer balance más favorable, el senador Juan Luis Castro indicó en relación a  las indicaciones que se empezarán a votar desde la próxima semana que “es positivo que haya un monto de devolución conocido y una fórmula de pago, ya que esto da claridad y certezas a las personas y también al sistema privado de salud de saber exactamente el inicio y el fin de un proceso judicial que se ha zanjado”. Por el contrario, puntualizó que faltó “una señal más clara sobre la prima del GES -salvo que se fija por la Superintendencia- pero como esto impacta en el presente y en el futuro inmediato, hay que profundizarlo”.

En este sentido, enfatizó que la misión del Senado no es tramitar “una ley corta que haga una cirugía estética a la deuda de las isapres, sino que aquí es una oportunidad para trasladarnos a un mundo distinto, a un sistema de salud donde lo público y lo privado se entiendan desde una columna vertebral pública con seguros adicionales, pero bajo reglas claras. Eso es lo que empezaremos a discutir en los próximos días”.

"El Gobierno insiste en que un seguro complementario resuelve las brechas"

Desde el ámbito de los expertos y de organizaciones vinculadas al sector también dieron a conocer sus juicios sobre la enmiendas a la ley corta. Es el caso de Victoria Beaumont, directora del movimiento ciudadano Salud Libre -que agrupa a afiliados de isapres y Fonasa- quien manifestó su “preocupación” por el contenido de la iniciativa, centrando sus reparos en la indicaciones referidas a Fonasa y a la  creación de una Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC).

“El Gobierno insiste en que con la construcción de un seguro complementario se resuelven las brechas de protección, sobre todo hospitalarias, que existen entre Fonasa y las Isapres, y eso no es real”, argumentó.

Además, Beaumont cuestionó lo que calificó como un “exceso de burocracia” la propuesta de generar un comité técnico remunerado para “generar acuerdos de evidencia técnica con respecto a los precios de los seguros, pero sin poder vinculante en esos informes, y que no necesariamente será eficiente en tener un mejor sistema de salud”.